La medida introduce cambios clave en residencia, acceso a salud y educación para personas extranjeras en el país.
El Gobierno nacional oficializó este jueves la reglamentación de la reforma migratoria a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La normativa introduce modificaciones sustanciales en los requisitos de residencia, así como en el acceso al sistema de salud y educación para extranjeros que residan en Argentina.
Entre los puntos más destacados, la nueva reglamentación condiciona la regularización migratoria a la acreditación de ingresos formales y antecedentes penales limpios, y establece restricciones en el acceso a servicios públicos si no se cuenta con documentación actualizada. Esto implica que migrantes en situación irregular podrán ver limitado su acceso a prestaciones esenciales, salvo en casos de urgencia.
La reforma también endurece los criterios para la obtención de la residencia temporaria y permanente, exigiendo documentación más exhaustiva y estableciendo nuevos plazos para su tramitación. Además, contempla la posibilidad de revocar permisos a quienes incumplan con las condiciones establecidas o sean condenados por delitos graves.
Desde organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición ya expresaron preocupación por el impacto que estas medidas pueden tener sobre poblaciones vulnerables. Advierten que la reforma podría derivar en una mayor precarización y exclusión de migrantes, en contraposición con los principios de inclusión y no discriminación.
El Ejecutivo, por su parte, justificó la decisión en la necesidad de “ordenar el sistema migratorio” y asegurar que los recursos del Estado se destinen a quienes se encuentren en regla. La medida refuerza así una de las líneas discursivas del gobierno, centrada en el control fronterizo y el ajuste del gasto público.
