El jefe de Gabinete recibió el dinero de una comisaria retirada y su hija, ambas de la Policía Federal. La Justicia analiza la operación y posibles irregularidades en el vínculo financiero.
La Justicia federal investiga un préstamo por 100.000 dólares recibido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, otorgado por dos integrantes de la Policía Federal Argentina.
La operación fue utilizada para garantizar una hipoteca vinculada a una propiedad en el barrio porteño de Parque Chacabuco y quedó bajo la lupa del fiscal Gerardo Pollicita.
Quiénes le prestaron el dinero
Las prestamistas fueron identificadas como Graciela Molina de Cancio, comisaria inspectora retirada, y su hija Victoria Cancio, oficial en actividad.
Según los registros, la madre aportó 85.000 dólares y la hija los 15.000 restantes.
El vínculo genera cuestionamientos debido a que Adorni, en su rol dentro del Gobierno, se ubica jerárquicamente por encima de ambas agentes estatales.
Detalles de la operación
El préstamo se concretó en noviembre de 2024 y fue certificado por la escribana Adriana Nechevenko.
Según su declaración, el acuerdo incluyó un interés del 11% anual, con cuotas estimadas en unos 4.600 dólares mensuales.
Esto abrió interrogantes sobre la capacidad de pago del funcionario, dado que sus ingresos declarados hasta 2025 eran inferiores a ese nivel de compromiso financiero.
Impacto y dudas dentro de la fuerza
El caso generó repercusión dentro de la Policía Federal, donde algunos sectores cuestionaron la relación económica entre un alto funcionario y personal subordinado.
La situación también plantea dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre la legalidad de este tipo de operaciones.
Otros préstamos bajo la lupa
La investigación no se limita a este caso. La Justicia también analiza otros préstamos recibidos por Adorni, entre ellos uno de 200.000 dólares otorgado por dos jubiladas para la compra de otra propiedad.
En ese caso, según consta en la causa, el crédito habría sido sin interés.
Una causa en desarrollo
El expediente busca determinar si las operaciones financieras del funcionario son compatibles con sus ingresos y si existieron irregularidades.
Por ahora, la investigación sigue en curso y podría derivar en nuevas medidas judiciales.
