El juez Ariel Lijo ordenó investigar en profundidad el patrimonio del jefe de Gabinete y su esposa. Analizan viajes, compras inmobiliarias y movimientos financieros en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Uno de los puntos que investiga la Justicia es el costo de un viaje a Estados Unidos. Según consta en el expediente, el regreso desde Nueva York costó unos 10.000 dólares en total, de los cuales una parte habría sido abonada por el Estado.

El vuelo se realizó en clase ejecutiva tras una estadía extendida luego de una actividad oficial, lo que generó cuestionamientos sobre el uso de fondos públicos.

Además, se analizan otros viajes al exterior, incluyendo estadías en destinos turísticos y traslados en vuelos privados.

Propiedades y financiamiento

La causa también pone el foco en distintas operaciones inmobiliarias realizadas en el último tiempo.

Entre ellas, la compra de una vivienda en un country y un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, este último con un esquema de financiamiento poco habitual: gran parte del monto habría sido diferido sin interés.

Los investigadores buscan determinar si estos movimientos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario.

Préstamos y movimientos financieros

Otro eje de la investigación son los préstamos recibidos por Adorni, incluyendo uno de 100.000 dólares y otros acuerdos financieros que también están siendo analizados.

Con el levantamiento del secreto fiscal y bancario, la Justicia podrá acceder a cuentas, consumos con tarjetas, ahorros, créditos y posibles vínculos con terceros.

Testigos y nuevas medidas

En paralelo, el fiscal Pollicita avanzó con la citación de testigos vinculados a las operaciones inmobiliarias, entre ellos personas del entorno del funcionario y actores del mercado.

También se solicitó información a organismos estatales para reconstruir la evolución patrimonial de la pareja.

Una causa que se profundiza

El expediente busca establecer si existió o no un crecimiento patrimonial injustificado desde la llegada de Adorni a la función pública.

Con las nuevas medidas, la investigación entra en una etapa clave, con foco en determinar si los gastos, viajes y adquisiciones del funcionario tienen respaldo en sus ingresos declarados.