La medida alcanza a los diez menores que acusaron al empresario. Las familias cuestionaron la demora en la colocación de la tobillera electrónica ordenada por la Justicia.

La Justicia dispuso nuevas medidas de protección para los diez alumnos del Colegio Palermo Chico que denunciaron al empresario Marcelo Porcel por presuntos delitos de abuso sexual.

En las últimas horas, los adolescentes recibieron botones antipánico entregados por la Policía de la Ciudad, con el objetivo de reforzar su seguridad mientras avanza la investigación judicial.

La decisión se produjo luego de que la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmara el procesamiento del acusado y ordenara restricciones para impedir cualquier acercamiento a las víctimas y sus familias.

Los dispositivos funcionan mediante un sistema de geolocalización y permiten emitir alertas de emergencia en caso de que los menores consideren que existe una situación de riesgo.

En paralelo, surgieron cuestionamientos por la demora en la implementación de otra de las medidas dispuestas por la Justicia: la colocación de una tobillera electrónica a Porcel para monitorear el cumplimiento de las restricciones impuestas.

Según trascendió, la medida se concretó después de varios reclamos realizados por la querella, que había advertido sobre la necesidad de acelerar los mecanismos de control.

El empresario está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante agravado, corrupción de menores y producción de representaciones sexuales de menores.

La investigación sostiene que los hechos denunciados habrían ocurrido en oficinas y propiedades vinculadas al acusado, en un contexto donde, según la causa, existía una relación de confianza previa con las familias de los adolescentes.

Días atrás también se conocieron cartas escritas por algunos de los denunciantes dirigidas a los jueces de la causa, donde manifestaron temor, angustia y pidieron mayores medidas de protección.

Pese a la gravedad de las acusaciones, la Justicia resolvió mantener a Porcel en libertad mientras continúa el proceso judicial, aunque bajo monitoreo electrónico y con prohibiciones de contacto con las presuntas víctimas.