Javier Milei deroga la emergencia territorial indígena tras 18 años. El polémico decreto habilita desalojos y genera alerta en las comunidades.

El Gobierno avanzó con la derogación de un decreto clave y puso punto final a la emergencia en tierras indígenas. De esta manera, se podrán agilizar los operativos de desalojo que haya sobre territorios que estén en disputa y en conflicto con agrupaciones representantes de los pueblos originarios.

La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger. Allí se derogó la Ley Nº 26.160 y el Decreto Nº 805 del 17 de noviembre de 2021, que extendía la emergencia hasta noviembre del 2025.

La información oficial incluida en el decreto permite conocer que, hasta el momento de la derogación de la Ley 26.160, se registraron 1.626 comunidades originarias en el país y que, al menos, existen 254 causas judiciales que pretenden su desalojo, tanto en ámbitos provinciales como federales.

En un contexto de avanzada de las políticas de expulsión de las comunidades originarias de sus territorios, que se lleva a cabo tanto desde el Gobierno nacional, como provinciales y desde el aparato judicial, el Decreto 1083/24 viene a consolidar una política de despojo y a quitar las últimas barreras legales para realizar los desalojos a favor de los grandes empresarios, multinacionales, negocios inmobiliarios y extractivistas. Incluso, el propio decreto revela esta motivación.

El texto del decreto afirma que la Ley 26.160 y sus sucesivas prórrogas colaboraron en la toma y usurpación de tierras “en muchos casos ejerciendo violencia”, lo que tuvo como resultado el bloqueo del “desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos”. En este sentido, menciona que “es de público conocimiento, que el conflicto en el sur creció progresivamente, derivándose en la toma de tierras y en la provocación de graves daños ambientales, sobre todo con incendios intencionales y reiterados a plantaciones forestales y bosques naturales”. Al respecto, cabe mencionar el rol que cumple Cristian Larsen, actual presidente de Parques Nacionales que ha desplegado una política anti-pueblos originarios en todas las jurisdicciones. Larsen acusa a la comunidad Lof Pailako de “falsos mapuches” y señala a Cruz Cárdenas, uno de sus integrantes, como el autor material de incendios forestales en Parque Nacional Los Alerces, de lo cual no existe ningún expediente o acusación formal.