Senadores del oficialismo solicitaron limitar el acceso de las fuerzas de seguridad a espacios comunes del Congreso, generando críticas por presunto privilegio institucional.

Una nueva controversia se desató en el Congreso de la Nación luego de que el bloque de Unión por la Patria en el Senado presentara una nota solicitando la regulación del acceso de personal policial a los espacios comunes del edificio, en particular los sanitarios. La medida fue impulsada por el senador José Mayans, quien argumentó que la presencia de agentes en esos lugares «incomoda» a trabajadores y legisladores.

El pedido fue elevado formalmente a la presidenta provisional del Senado, Carolina Losada, y pone en debate el equilibrio entre las funciones de custodia del personal policial y el uso de las instalaciones compartidas por todos los que transitan el recinto legislativo. Desde el oficialismo aseguraron que no se trata de una cuestión «contra la Policía», sino de una reorganización para «mejorar la convivencia institucional».

La solicitud provocó una fuerte reacción en redes sociales y entre dirigentes opositores, quienes denunciaron actitudes de privilegio y desconexión con la realidad. “Mientras miles de argentinos no tienen acceso a baños públicos dignos, en el Congreso se preocupan por no compartir el baño con la Policía”, expresó un diputado opositor.

En respuesta, algunos legisladores oficialistas buscaron bajar el tono de la discusión y recordaron que el Congreso cuenta con personal de seguridad de distintas jurisdicciones, lo que —según explicaron— requiere una regulación específica para el uso de espacios internos, en especial en momentos de alta circulación.

El episodio reaviva el debate sobre los privilegios en la política y las condiciones de trabajo en edificios públicos. Mientras tanto, desde la presidencia del Senado aún no se emitió una resolución al respecto, aunque trascendió que el tema será tratado en reuniones internas durante la próxima semana.