En medio de la investigación impulsada por ARCA y tras la ofensiva del Gobierno nacional contra el modelo asociativo, 26 clubes de Primera respaldaron a Claudio Tapia y decretaron un paro en todas las categorías. La medida profundiza el choque entre la Casa Rosada y el fútbol argentino.
La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo. A días de la citación judicial por presuntas irregularidades fiscales, Claudio “Chiqui” Tapia reunió a los principales dirigentes del fútbol argentino y logró que 26 de los 30 clubes de Primera División avalaran un paro de actividades en todas las categorías entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo.
La fecha coincide con la declaración indagatoria prevista para Tapia y el tesorero Pablo Toviggino, en el marco de la causa iniciada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por presunta retención de aportes previsionales y evasión impositiva. Desde la conducción del fútbol interpretan la investigación como parte de una ofensiva política del Ejecutivo nacional contra el modelo de asociaciones civiles y, en particular, contra la negativa de los clubes a convertirse en sociedades anónimas deportivas.
“Mañana pueden venir por ustedes”
La reunión, realizada en el predio Lionel Messi de Ezeiza, tuvo un tono abiertamente confrontativo. Tapia apuntó contra el Gobierno, el Poder Judicial y los medios de comunicación, a los que acusó de amplificar una “operación” destinada a desestabilizar la conducción de la AFA. “Hoy vienen por nosotros; mañana pueden venir por cualquiera de ustedes”, advirtió ante los representantes de los clubes.
La respuesta fue un cierre de filas casi total. Con las ausencias de Boca, Estudiantes de La Plata, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi, el resto de los dirigentes acompañó la medida bajo un esquema ya habitual: si nadie objeta, se considera aprobado por unanimidad.
El paro impactará en la novena fecha de la Primera División, la cuarta jornada de la Primera Nacional y la sexta de la Primera B, entre otras competencias. Aunque formalmente la Liga Profesional solo administra la máxima categoría, la decisión se extendió al conjunto del fútbol argentino.
Un conflicto que excede lo judicial
La disputa tiene raíces más profundas. Desde el decreto 70/2023, que habilitó la figura de las sociedades anónimas deportivas, el vínculo entre el Gobierno y la AFA se tornó tenso. La conducción del fútbol sostiene que existe una presión sistemática para modificar la estructura histórica de los clubes, mientras que desde la Casa Rosada se argumenta la necesidad de “modernizar” el sistema y transparentar las cuentas.
En paralelo, el Ejecutivo modificó en 2025 la alícuota del régimen previsional especial para los clubes, que pasó del 7,5% al 13,06%, con un adicional transitorio para compensar el déficit del sistema. Esa decisión fue interpretada por varios dirigentes como un endurecimiento de las condiciones económicas para las instituciones deportivas.
En la reunión también se buscó mostrar solidez financiera. Se proyectó documentación que, según la AFA, acredita que la entidad no mantiene deuda exigible con ARCA y que se encuentra al día en la presentación de declaraciones juradas y aportes.
Clubes alineados y clima en las tribunas
Dirigentes como Daniel Vila, Nicolás Russo y Mario Leito respaldaron públicamente la postura de Tapia. Otros, como representantes de River, Independiente, Racing y San Lorenzo, acompañaron sin objeciones.
Ahora, el foco se traslada a los hinchas. Mientras el oficialismo denuncia una supuesta “persecución” contra el fútbol argentino, parte del público podría interpretar el paro como una disputa de poder ajena al juego. Las barras, históricamente cercanas a las conducciones institucionales, podrían convertirse en un actor clave en el mensaje que baje desde las tribunas.
La AFA no descarta que la medida se extienda más allá de un fin de semana si el conflicto escala. Incluso algunos dirigentes evalúan acompañar a Tapia a la declaración judicial como gesto político.
La disputa entre la Casa Rosada y la conducción del fútbol ya no es solo jurídica o administrativa: es un enfrentamiento por el modelo de gestión y por el control de una de las estructuras sociales más extendidas del país. En el medio, el calendario se detiene y los hinchas vuelven a quedar atrapados en una pelea de poder que excede la pelota.






