Un operativo de desalojo en cercanías de San Martín de los Andes terminó con enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y comunidades mapuche. Denuncian represión y detenciones arbitrarias.
La provincia de Neuquén volvió a ser escenario de un conflicto entre el gobierno provincial y comunidades mapuche, luego de un operativo de desalojo que derivó en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. El hecho ocurrió en la zona de Lolog, cerca de San Martín de los Andes, donde integrantes de distintas comunidades se manifestaban en reclamo del reconocimiento de su personería jurídica.
Según fuentes oficiales, al menos 17 personas fueron detenidas durante el procedimiento, que estuvo a cargo de la Policía de Neuquén y Gendarmería Nacional. Desde las organizaciones mapuche denuncian que el accionar fue violento y que entre los detenidos hay mujeres, referentes comunitarios y personas que simplemente acompañaban la protesta de forma pacífica.
La manifestación tenía como objetivo exigir el cumplimiento de compromisos asumidos por el Estado en relación al reconocimiento legal de las comunidades. La falta de avances en este aspecto ha generado un clima de creciente tensión en la región, donde los reclamos territoriales se sostienen desde hace décadas.
El gobierno de Rolando Figueroa respaldó el accionar policial y argumentó que el desalojo se realizó en el marco de una orden judicial. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil cuestionaron con dureza el operativo, al que calificaron como una muestra de criminalización de la protesta indígena.
Desde las comunidades mapuche señalaron que seguirán exigiendo el cumplimiento de sus derechos y convocaron a nuevas movilizaciones en toda la región patagónica. Mientras tanto, abogados y representantes legales trabajan para lograr la liberación de los detenidos, en medio de un clima social marcado por la indignación y la preocupación.
El conflicto vuelve a poner en primer plano el debate sobre el reconocimiento de los pueblos originarios en Argentina, el acceso a la tierra y el uso de la fuerza estatal frente a los reclamos sociales. En un contexto cada vez más tenso, se espera que el caso tenga repercusiones a nivel nacional.
