La Justicia de San Martín pidió analizar los perfiles genéticos de los restos encontrados en la clínica Santa María. El objetivo es determinar si uno corresponde al embarazo de la niña de 12 años y avanzar en la identificación del presunto agresor.

La investigación por el hallazgo de ocho fetos en la clínica Santa María de Villa Ballester sumó en las últimas horas una medida considerada clave para esclarecer el caso. La Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín solicitó a la Asesoría Pericial de la Suprema Corte bonaerense la realización de estudios de ADN sobre los restos encontrados durante el allanamiento realizado el sábado pasado.

El procedimiento se enmarca en la causa que busca determinar qué ocurrió con el embarazo de una niña de 12 años, víctima de una presunta violación intrafamiliar y cursando un embarazo avanzado al momento de su traslado al centro médico.

Según fuentes judiciales, los análisis genéticos tendrán tres objetivos principales. En primer lugar, establecer si las interrupciones de embarazo se realizaron dentro de lo previsto por la Ley 27.610 o si existió algún tipo de irregularidad. En la inspección realizada por el Ministerio de Salud bonaerense solo se detectaron infracciones menores y, por el momento, la clínica continúa funcionando.

En segundo término, la pericia buscará identificar si entre los ocho restos hallados se encuentra el correspondiente al embarazo de la menor, oriunda de Monte Quemado, Santiago del Estero. De acuerdo con la historia clínica secuestrada durante el operativo, el procedimiento habría sido realizado ese mismo día, junto con otros dos casos similares.

La causa también tiene una derivación federal. El Juzgado Federal de Tres de Febrero analiza la posible comisión de un delito vinculado a la trata de personas, bajo la hipótesis de que, por el avanzado estado del embarazo, el bebé pudiera haber nacido con vida para luego ser entregado o vendido. Si los estudios confirman que el feto se encuentra entre los restos secuestrados, esa línea de investigación podría cerrarse.

Por otra parte, la fiscalía de Santiago del Estero sigue de cerca el avance de las pericias, ya que el ADN podría resultar determinante para identificar al presunto violador. En esa causa hay actualmente dos personas prófugas, y el principal sospechoso es un primo de la menor, de 27 años.

La situación de vulnerabilidad de la víctima también forma parte del expediente. La niña vive con su madre en una zona rural de Monte Quemado, en un contexto económico delicado, y había sido trasladada de manera repentina a Buenos Aires, lo que activó la intervención judicial y el posterior allanamiento.

Otro de los puntos bajo análisis es el rol de la Fundación CIGESAR, organización que habría intervenido en la logística del traslado y acompañamiento de la menor y su madre. Desde la entidad sostuvieron que la interrupción del embarazo se realizó dentro del marco legal vigente.

Mientras avanzan las pericias, persiste la principal incógnita del caso: confirmar si entre los restos hallados se encuentra el embarazo de la niña. Los resultados del ADN serán determinantes para definir el rumbo de la investigación.