Una joven fue expuesta a mentir para proteger a un pedófilo. Fue parte de la jornada organizada en el Senado de la Nación, donde leyó un texto de retractación por la acusación a su padre, condenado con pruebas que van más allá de sus dichos.

La senadora radical Carolina Losada y el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, fueron denunciados penalmente por encubrimiento agravado, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como violación de los deberes de funcionario público.

Ambos funcionarios son acusados de forzar a una joven, víctima de abuso sexual, a leer públicamente un texto en el que se retractaba de haber denunciado a su padre, Julio César Carro, condenado en Córdoba a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante. El texto fue entregado a la joven, quien aseguró que no era de su autoría y que fue presionada para leerlo en una reunión del Congreso el 20 de noviembre.

La joven había sido clave en la condena de su padre, cuya culpabilidad fue confirmada por pruebas contundentes más allá de su testimonio. Sin embargo, Losada, en connivencia con Cúneo Libarona, presentó el caso como parte de un proyecto de ley contra las “falsas denuncias” y utilizó su poder institucional para exponer a la joven a riesgos psicológicos. La denuncia afirma que el texto que le hicieron leer a la víctima contradecía su propio testimonio y las pruebas judiciales.

La chica, de 18 años, sufre un «grave daño en su salud mental a raíz de los delitos aberrantes padecidos cuando tenía entre seis y diez años». Y, según indican los denunciantes «el escrito que hicieron leer a la víctima no sólo contiene falsedades, sino que además la ubican incriminándose y contradiciendo sus propios dichos, respecto de la prueba contundente que motivó la condena de su padre».

Es que la joven repitió «la retractación a la que fue obligada por ambos padres y que luego fuera contradicha por la abundante prueba colectada durante el proceso».

La presentación judicial destaca que los denunciados violaron normas fundamentales, tales como la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Además, se considera que se han transgredido principios constitucionales esenciales que protegen a las personas en situación de vulnerabilidad.