Gremios y autoridades universitarias redoblan las medidas de fuerza ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento. Habrá clases públicas, actividades culturales y una jornada nacional de protesta.
Los docentes universitarios de todo el país iniciarán una nueva semana de paro en el marco del conflicto con el gobierno de Javier Milei, al que acusan de incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
Según denuncian, ya son más de 170 días sin aplicación efectiva de la norma aprobada por el Congreso, lo que profundizó la pérdida salarial y el deterioro del sistema educativo.
Paro y plan de lucha
La medida es impulsada por gremios como CONADU y la AGD-UBA, que anunciaron un paro durante toda la semana.
Desde los sindicatos aseguran que los salarios docentes perdieron cerca de un tercio de su poder adquisitivo desde fines de 2023 y que, para recuperarlo, deberían aumentar alrededor de un 50%.
Actividades en todo el país
Además del paro, el Consejo Interuniversitario Nacional convocó a una jornada nacional bajo la consigna “Las universidades no se apagan”.
La iniciativa incluirá:
- Clases públicas
- Ferias del libro y de ciencias
- Muestras de proyectos
- Actividades culturales y académicas
- Sesiones de consejos superiores
El objetivo, según explicaron, es visibilizar el rol de la universidad pública y su aporte al desarrollo del país.
Críticas al Gobierno
Desde los gremios cuestionaron los aumentos otorgados por el Ejecutivo, que rondaron el 6,7% en tres tramos, por considerarlos insuficientes frente a la inflación.
También señalaron que muchos docentes deben recurrir al pluriempleo o trabajos informales para llegar a fin de mes.
Impacto en el sistema universitario
De acuerdo a datos sindicales, cerca de 10 mil docentes dejaron sus cargos en el último tiempo, en medio de la crisis salarial.
El conflicto también afecta el normal desarrollo de las clases en distintas universidades del país.
Fallo judicial y tensión abierta
En los últimos días, la Justicia ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento y ordenó su aplicación, lo que sumó presión sobre el Gobierno.
Sin embargo, hasta el momento no hubo cambios en la política oficial, por lo que el conflicto sigue abierto y con tendencia a profundizarse.
