Un tribunal de Río de Janeiro le concedió el habeas corpus a la abogada acusada de injuria racial. Deberá pagar una fianza para poder salir del país, mientras la causa continúa abierta.
La abogada Agostina Páez quedó habilitada para regresar a la Argentina luego de que la Justicia de Río de Janeiro le concediera el habeas corpus, tras más de 70 días detenida en Brasil.
El fallo judicial, dictado este lunes, ordenó su liberación bajo una fianza de 97 mil reales (unos 18 mil dólares), condición necesaria para abandonar el país.
Además, se dispuso el retiro de la tobillera electrónica y la devolución de su pasaporte, por lo que, una vez cumplido el pago, no tendrá impedimentos para volver a la Argentina.
Una causa que sigue abierta
A pesar de la autorización para regresar, la causa por injuria racial en Brasil continúa en curso y aún no tiene una resolución definitiva.
La detención de Páez se produjo tras una denuncia por gestos racistas contra empleados de un bar en Río de Janeiro, lo que derivó en un proceso penal que incluyó prisión preventiva, monitoreo electrónico y restricción de salida del país.
Un acuerdo frustrado
Días atrás, el caso parecía encaminado a una resolución rápida. La abogada había reconocido el hecho y pedido disculpas, en un intento por cerrar el expediente.
Sin embargo, la fiscalía cuestionó la difusión pública del monto de un posible resarcimiento económico —estimado en 150 mil dólares—, lo que frenó el avance de ese acuerdo.
El proceso quedó entonces en suspenso, hasta la reciente decisión judicial que habilitó su salida de Brasil.
Tensión política en el medio
El caso también generó repercusiones políticas en Argentina. El gobierno nacional había cuestionado públicamente el accionar de la Justicia brasileña, en medio de críticas por la demora en intervenir.
Lejos de acelerar una solución, esa intervención habría tensado aún más el escenario judicial, según trascendió en el entorno del caso.
Próximos pasos
Con la liberación ya dispuesta, se espera que Páez regrese al país en los próximos días.
Mientras tanto, la investigación seguirá su curso en Brasil, donde la Justicia deberá determinar responsabilidades y eventuales sanciones por el hecho denunciado.
