Se trata de la «Unidad Especial De Investigación De La Desaparición De Niños Como Consecuencia Del Accionar Del Terrorismo De Estado». Dijo que «invade competencias propias del Ministerio Público Fiscal».
El Gobierno Nacional disolvió una unidad especial de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) que investigaba la desaparición de niños en dictadura. Fue a través del Decreto 727/24, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que el Poder Ejecutivo derogó otro, el 715/04, mediante el cual se creó la «Unidad Especial De Investigación De La Desaparición De Niños Como Consecuencia Del Accionar Del Terrorismo De Estado» dentro de la CONADI.
Entre los considerandos de la medida, el Poder Ejecutivo justificó: «Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes».
«En consecuencia -agregó- no puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador, asigna a órganos específicos del Estado Nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental». El Decreto que ordena la eliminación lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Unidad Especial De Investigación De La Desaparición De Niños Como Consecuencia Del Accionar Del Terrorismo De Estado
Creada durante la presidencia de Néstor Kirchner, ésta unidad tenía entre sus funciones «asistir de modo directo los requerimientos de la CONADI, como asimismo las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en el contexto de desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ellos». También podía efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo siempre comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal.
En su artículo 4°, en tanto, el Decreto que oficializaba su creación decía que la Unidad podía acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del Poder Ejecutivo, incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales.
Además, estaba habilitada para requerir directamente a dichos organismos informaciones, testimonios y documentos sobre la materia en sus archivos, los que debían cumplimentarse en el término que se fijara en el requerimiento.
