El tribunal analiza las acusaciones del fiscal general, que lo señala como líder de un plan para impedir la asunción de Lula en 2023. Bolsonaro negó los cargos y calificó la causa como una persecución política.

El Tribunal Supremo Federal de Brasil inicia este martes el análisis de una denuncia penal contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de haber liderado un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022.

Bolsonaro es acusado de liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones generales de 2022. Según la acusación, el plan incluía envenenar a Luiz Inácio Lula da Silva y asesinar al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, uno de los magistrados que ahora deben decidir si el caso avanza a juicio. Los delitos imputados incluyen organización criminal armada, golpe de Estado, tentativa de abolición del Estado democrático de derecho, daños calificados por violencia y deterioro de bienes catalogados, todos los cuales el ex presidente niega.

El fiscal presentó cargos contra 34 personas, pero la Corte Suprema solo decidirá este martes sobre Bolsonaro y otros siete acusados, entre ellos los ex ministros de Defensa, Walter Braga Netto y Paulo Sérgio Nogueira, y el ex ministro de Justicia, Anderson Torres.

Paulo Gonet, el procurador general de la República, defendió al inicio de la sesión —la primera de las tres previstas para el análisis— que Bolsonaro y Walter Braga Netto, su excandidato a vicepresidente en 2022 y otro de los ocho imputados, “aceptaron, estimularon y realizaron” actos contra el Estado democrático de Derecho.

Gonet citó, entre diversos elementos, la confección de un documento de tenor golpista, el estímulo a actos antidemocráticos luego de la derrota electoral ante Lula da Silva y “presiones” ejercidas desde el Palacio Presidencial del Planalto para que el “Alto Comando del Ejército impidiera que Lula asumiera el cargo”, con el objetivo de “mantener a Bolsonaro en el poder”.

“Organizaron en el Planalto la derrocada de los poderes y del orden democrático”, dijo Gonet.

La decisión de la Corte Suprema podría conocerse este martes o a más tardar el miércoles. De ser condenado por intento de golpe de Estado, la pena podría alcanzar hasta 12 años de prisión, aunque la suma de los otros cargos elevaría la sentencia potencial hasta 40 años.