Será el 12 de mayo en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. Reclaman la aplicación de la ley de financiamiento y denuncian una fuerte caída salarial.
La comunidad universitaria volverá a movilizarse en todo el país con una nueva Marcha Federal prevista para el 12 de mayo, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.
La convocatoria tendrá su epicentro en Plaza de Mayo, pero contará con réplicas en distintas ciudades, como ocurrió en movilizaciones anteriores que reunieron a miles de personas.
Reclamo por la ley y los salarios
El eje central de la protesta es la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso, que establece una recomposición presupuestaria y salarial para el sistema universitario.
Desde el Consejo Interuniversitario Nacional advirtieron que ya pasaron meses sin que se ejecute la norma, pese a fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.
Según datos del sector, los salarios docentes acumulan una pérdida superior al 30% en relación con 2023.
Crece el conflicto con el Gobierno
El conflicto se profundizó en las últimas semanas, luego de que el Ejecutivo presentara un recurso judicial para evitar aplicar la ley y propusiera un aumento inferior al previsto.
Mientras tanto, gremios y estudiantes exigen una recomposición que supere el 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido.
Desde la Federación Universitaria Argentina remarcaron que la ley “está vigente y debe cumplirse”, sin margen para interpretaciones.
Una convocatoria masiva
La movilización del 12 de mayo será la cuarta marcha federal universitaria en el marco del conflicto.
Las anteriores convocatorias lograron un amplio respaldo social y político, convirtiéndose en una de las principales expresiones de protesta contra el ajuste en el sistema educativo.
Además de la marcha, se esperan clases públicas, actividades culturales y acciones de visibilización en todo el país.
La universidad en el centro del debate
El reclamo no solo apunta a los salarios, sino también al financiamiento integral del sistema universitario, incluyendo infraestructura, investigación y funcionamiento general.
Desde el sector advierten que la falta de recursos pone en riesgo el normal desarrollo del ciclo lectivo y el sostenimiento de la universidad pública.
