La situación política en Paraguay atraviesa un momento de tensión luego del cierre del Ueno Bank, institución financiera que dejó afectados a cerca de 2,94 millones de clientes, incluyendo organismos estatales. El escándalo ha puesto en el centro del debate al presidente Santiago Peña, generando un fuerte llamado a su renuncia y un proceso de juicio político impulsado por la oposición y sectores disidentes dentro del oficialista Partido Colorado.
Respaldo al juicio político y presión desde el oficialismo
El Partido Colorado anunció su respaldo al juicio político contra Peña, con lo que se espera una votación unánime en la Cámara de Diputados para que el proceso llegue al Senado. Horacio Cartes, expresidente y actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, declaró que acompañan el juicio con el fin de restablecer la institucionalidad republicana. A su vez, Basilio Núñez, presidente del Senado y miembro del oficialismo, exigió públicamente la renuncia de Peña, advirtiendo que el Congreso de la Nación protegerá los fondos de ahorristas e instituciones públicas.
Planificación de la sucesión y procedimiento constitucional
En paralelo, Cartes y el vicepresidente Pedro Alliana se reunieron para organizar la sucesión presidencial en un contexto de distanciamiento previo. Mientras Peña mantiene su posición al frente del gobierno, Alliana ya se prepara para asumir el cargo, en caso de que el presidente sea destituido o renuncie.
El proceso legal sigue lo establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que requiere una mayoría calificada de dos tercios para aprobar la acusación en Diputados y, posteriormente, en el Senado para remover al mandatario. Esto implica al menos 54 votos favorables de 80 diputados y 30 de 45 senadores. De no alcanzarse esta mayoría, el caso será archivado y limitará futuros intentos de juicio político similar.
La crisis política se produce en un contexto donde el plan económico impulsado por Peña había sido valorado como un modelo regional, incluido por gobiernos vecinos. La intervención del Ueno Bank plantea ahora interrogantes sobre la estabilidad política y económica del país, marcando un desafío clave para las autoridades paraguayas en las próximas semanas.
