Desde el CECIM cuestionaron el proyecto del Gobierno para flexibilizar la normativa y advirtieron que podría facilitar la extranjerización de recursos estratégicos.
La ley de tierras volvió al centro de la escena política tras un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de modificar la normativa vigente para facilitar la venta de tierras rurales a extranjeros.
La iniciativa se debate en el Congreso como parte de un paquete más amplio de reformas, en medio de fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones sociales y sectores de la oposición.
Una ley en disputa
La normativa, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, limita al 15% la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal.
Si bien el oficialismo intentó derogarla mediante un DNU en 2023, la medida fue frenada por la Justicia tras una cautelar impulsada por el CECIM La Plata.
Actualmente, la ley sigue vigente, aunque bajo revisión judicial en instancias superiores.
Críticas al nuevo proyecto
Desde el CECIM advirtieron que el nuevo texto impulsado por el Ejecutivo no elimina formalmente la ley, pero sí la vacía de contenido.
El abogado Jerónimo Guerrero Iraola sostuvo que se trata de una “derogación encubierta”, ya que elimina herramientas clave de control estatal.
“Lo que hacen es desnaturalizar completamente la ley”, señaló, al advertir que se perdería capacidad de regulación sobre un recurso estratégico.
Riesgo de extranjerización
Uno de los principales ejes del cuestionamiento es el posible avance de la extranjerización de tierras.
Según los especialistas, el cambio implicaría:
- Mayor participación de capital extranjero en tierras rurales
- Transformación de la tierra en un activo financiero
- Pérdida de control sobre recursos naturales
- Menor capacidad de planificación estatal
“Estamos frente a un proceso de extranjerización y financiarización”, advirtieron.
El argumento oficial
Desde el Gobierno sostienen que la flexibilización permitiría atraer inversiones millonarias y dinamizar la economía.
En esa línea, el ministro Federico Sturzenegger aseguró que los cambios podrían generar ingresos por miles de millones de dólares.
Sin embargo, desde los sectores críticos rechazan ese argumento y señalan que la compra de tierras no implica necesariamente desarrollo productivo.
Un debate estratégico
Especialistas remarcan que la discusión trasciende lo económico y se inscribe en un contexto global de disputa por recursos clave como:
- Agua
- Energía
- Alimentos
- Minerales
En ese escenario, advierten que la Argentina podría perder capacidad de decisión sobre activos fundamentales.
Un conflicto abierto
El proyecto ya comenzó a discutirse en comisiones del Congreso y promete un debate intenso en las próximas semanas.
Mientras tanto, organizaciones y referentes sociales insisten en que lo que está en juego no es solo una ley, sino el control sobre el territorio y los recursos del país.
