Se retomó la investigación sobre una red de seguimientos y escuchas ilegales a figuras del ámbito judicial y político durante el gobierno anterior.

La Justicia federal decidió reabrir una causa por presunto espionaje ilegal que salpica a exfuncionarios, jueces y dirigentes políticos. La investigación, que había quedado en pausa durante varios meses, apunta a una red que habría operado desde organismos del Estado para realizar seguimientos, interceptaciones y tareas de inteligencia sin orden judicial.

Según fuentes judiciales, el expediente incluye nuevas pruebas que motivaron la decisión de avanzar con indagatorias y pedidos de información a distintas dependencias oficiales. La causa se centra en prácticas de vigilancia dirigidas contra magistrados, dirigentes opositores e incluso periodistas, en un contexto de fuerte tensión institucional.

La investigación había sido abierta en 2020, pero se fragmentó en distintos juzgados y no había tenido avances significativos en los últimos años. Con esta reactivación, se busca determinar las responsabilidades políticas y operativas detrás del presunto aparato de inteligencia paralela.

Entre los involucrados figuran nombres conocidos del ámbito judicial y exagentes de inteligencia. Si bien aún no se formularon imputaciones formales, la reapertura genera preocupación en varios sectores del poder, que temen un efecto dominó en otras causas vinculadas.

El caso vuelve a poner en el centro de la escena la relación entre los servicios de inteligencia, la política y el Poder Judicial. También reabre el debate sobre los límites del espionaje estatal y la necesidad de una reforma profunda en los organismos de seguridad e inteligencia.