La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos presentó su informe final sobre la “actuación represiva” desplegada en junio por “las autoridades de la provincia de Jujuy” contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional.
La Misión de Solidaridad y Derechos Humanos, integrada por referentes políticos, sociales y sindicales, presentó este miércoles su informe final sobre la actuación represiva desplegada en junio pasado por las autoridades de la provincia de Jujuy contra la población civil que se manifestó en contra de la reforma constitucional, y tipificó la “vulneración sistemática y generalizada” de los derechos de los manifestantes como “delitos de lesa humanidad”.
El espacio multidisciplinario estuvo desde el 16 al 26 de junio en Jujuy, como lo hizo previamente en otros países, ante las múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos por parte del Gobierno jujeño. “El Estado Argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio de 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio jujeño”, sostuvo la Misión en las conclusiones del informe de 75 carillas.
La Misión planteó que las autoridades jujeñas no sólo “no garantizaron derechos” de los ciudadanos, sino que además llevaron adelante “una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil”. Los integrantes del colectivo consideraron que las autoridades de la provincia de Jujuy deben ser investigadas por “tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares” y atento a que “las graves violaciones a los derechos humanos constatadas configuran delitos de lesa humanidad”.
