La expresidenta presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para impugnar la sentencia en la causa Vialidad. En una carta abierta sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos busca excluirla de la competencia electoral.

Cristina Fernández de Kirchner anunció que presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar la revisión de las decisiones judiciales que, según sostiene, vulneraron garantías fundamentales durante el proceso.

La presentación fue acompañada por una carta abierta titulada «El costo democrático de la politización de la justicia», en la que la expresidenta afirmó que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos constituye el principal objetivo de la sentencia.

«La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria», expresó en el documento difundido este miércoles.

En el texto, Cristina Kirchner sostuvo que en Argentina se agotaron las instancias judiciales para revisar la condena y argumentó que durante el proceso se vulneraron derechos protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La presentación internacional fue realizada por sus abogados Carlos Beraldi, Javier Borrego y Rafael Valim, quienes solicitaron al Comité de Derechos Humanos una serie de medidas cautelares mientras se analiza el caso.

Entre los pedidos figura la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al considerar que constituye una forma de proscripción política. También solicitaron una revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta y cuestionaron la integración actual de la Corte Suprema de Justicia.

Durante una conferencia de prensa, los abogados sostuvieron que, en caso de que el Comité adopte medidas cautelares, el Estado argentino deberá cumplirlas mientras continúa el análisis de la presentación.

En su carta, la titular del Partido Justicialista también denunció que existió un sesgo político y de género en su juzgamiento y advirtió sobre los riesgos que, a su entender, representa el denominado lawfare para el funcionamiento democrático.

«Ninguna proscripción ha logrado apagar definitivamente la voluntad popular. Muy pronto volveremos a encontrarnos», concluyó la expresidenta.