La medida apunta a reducir precios y aumentar la competencia, pero genera preocupación por el debilitamiento del rol de la ANMAT y el impacto en la industria local.

El Gobierno nacional eliminó los aranceles escalonados para la importación de alimentos y simplificó los requisitos que regulaban su ingreso al país. La decisión, enmarcada en la política de desregulación económica impulsada por el presidente Javier Milei, busca abaratar costos y aumentar la oferta de productos en góndola mediante una mayor apertura al comercio exterior.

La medida también incluye una modificación significativa en el rol de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que dejará de intervenir de manera obligatoria en la autorización de muchos productos alimenticios importados. Desde ahora, ciertos controles sanitarios quedarán a cargo de las autoridades de Aduana y organismos equivalentes en países de origen.

Según voceros oficiales, se trata de una iniciativa para eliminar “distorsiones” en el sistema de comercio, que, aseguran, favorecía a sectores concentrados de la industria local. Al levantar barreras de entrada, el Ejecutivo busca dinamizar la competencia y ofrecer a los consumidores una mayor variedad de productos a menor precio.

Sin embargo, la decisión no está exenta de polémica. Especialistas en salud pública y representantes de la industria nacional advirtieron sobre los riesgos de reducir los controles sanitarios, especialmente en un área tan sensible como la alimentación. También alertaron sobre un posible impacto negativo en la producción local, que podría verse desplazada por productos importados a bajo costo.

Desde el Gobierno descartan esas críticas y sostienen que la medida no compromete la seguridad alimentaria, ya que se seguirá exigiendo trazabilidad y documentación sanitaria de los países exportadores. Insisten en que el nuevo esquema se alinea con prácticas internacionales y que permitirá transparentar precios y combatir la inflación.

La resolución ya está en vigencia y forma parte de una serie de reformas que buscan profundizar el perfil desregulador del Ejecutivo. Mientras tanto, distintos sectores siguen evaluando sus efectos concretos en la economía, la salud y el entramado productivo del país.