La sanción fue confirmada por el vocero de la presidencia, Manuel Adorni, a través de una conferencia de prensa. La resolución del ministerio de Seguridad dice que las fuerzas tuvieron en cuenta “las horas/hombre empleadas en cada operativo, calculadas en orden a la remuneración por jerarquía de cada uno de los efectivos que participaron, el combustible utilizado y los elementos consumidos en los operativos”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó a las fuerzas de seguridad que determinen los gastos del operativo de seguridad que llevaron a cabo el miércoles, durante la protesta convocada por la Unidad Piquetera a Plaza de Mayo, montos que deberán ser pagados por las organizaciones sociales, según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni. El gobierno nacional cobrará $60 millones a 14 organizaciones sociales por el operativo de seguridad implementado durante la marcha del jueves pasado, en el marco del protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich.

En este contexto, el Gobierno nacional también realizó una denuncia judicial por los presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con ese delito.

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, comunicó las sanciones y detalló la lista de organizaciones multadas: «Es un costo por el cual vamos a intimar a las organizaciones a que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos, y por supuesto esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales».

El protocolo prevé que se «podrá demandar judicialmente a las organizaciones» así como a «las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos».

«Sería conveniente que esos recursos ingresen en el Estado Nacional para compensar los grandes gastos en que se incurre para el mantenimiento del orden público ante la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables», dice la resolución.