La Justicia federal de San Martín emitió un fallo clave que reconoce como delitos de lesa humanidad los fusilamientos cometidos en 1956 durante la llamada Operación Masacre, en la cual 12 personas fueron detenidas, 5 ejecutadas y 7 sobrevivieron en un terreno baldío de José León Suárez, en la periferia noroeste de Buenos Aires.

El tribunal responsabilizó al Estado argentino por la planificación y ejecución de esos hechos, que ocurrieron en el marco de la dictadura que sucedió al golpe de Estado de 1955 contra Juan Domingo Perón. La jueza Alicia Vence determinó que los responsables, entre ellos el general Pedro Eugenio Aramburu y el jefe de policía Desiderio Fernández Suárez, ya fallecidos, cometieron cinco homicidios agravados y siete intentos de homicidio, por lo que les hubiera correspondido la pena de prisión perpetua.

Hechos y contexto

La noche del 9 de junio de 1956, un grupo de militantes peronistas y otros opositores se reunió en una casa en Florida para escuchar por radio un combate de boxeo y esperar noticias sobre un levantamiento militar que finalmente no prosperó. Fueron secuestrados por policías y trasladados a una comisaría, donde recibieron la orden directa de ser fusilados.

Cinco de ellos fueron ejecutados en el acto: Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez. Siete escaparon de la muerte, entre ellos Juan Carlos Livraga, sobreviviente que a sus 96 años presenció el cierre judicial de esta causa, iniciada hace décadas y retomada recién en los últimos años con el impulso de familiares y sobrevivientes.

Investigación periodística y judicial

Estos hechos fueron inicialmente denunciados por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre (1957), que investigó el contexto y las irregularidades en torno a los fusilamientos. La investigación de Walsh determinó que las ejecuciones ocurrieron antes de que se decretara formalmente la ley marcial, lo cual invalida la justificación de ilegalidad de esos actos por parte de las autoridades militares.

El juicio por la verdad que culminó con esta sentencia también ordenó promover la enseñanza de esta investigación periodística en las escuelas argentinas, vinculando el reconocimiento judicial con el acceso público a la memoria histórica.

Reparación y memoria

El fallo dispuso la rehabilitación y restitución del buen nombre de las víctimas y ordenó al Estado instalar placas conmemorativas tanto en el lugar de detención en Florida como en el descampado donde fueron fusilados, para preservar la memoria y evitar el silencio histórico.

Asistieron al tribunal familiares de las víctimas y sobrevivientes, para quienes esta decisión constituye el reconocimiento formal de una injusticia impune durante décadas y una instancia para consolidar la memoria colectiva sobre episodios violentos de la historia política argentina.