El Gobierno de Javier Milei modifica el rol de la Unidad de Información Financiera, limitando su intervención en investigaciones judiciales.

La Unidad de Información Financiera (UIF) ya no podrá ejercer como querellante en causas judiciales relacionadas con corrupción y lavado de dinero. Esta decisión, anunciada por el Gobierno de Javier Milei, implica una reestructuración significativa en el organismo encargado de prevenir el lavado de activos y financiar delitos.

La UIF, anteriormente activa en investigaciones contra figuras del kirchnerismo, como Cristina Kirchner y Martín Insaurralde, ya no podrá solicitar medidas de prueba ni intervenir en nuevos casos. Sin embargo, se mantiene como parte querellante en expedientes en curso, como los casos Hotesur, Los Sauces y los Cuadernos de las Coimas.

Esta medida se enmarca en un cambio estratégico del Ministerio de Justicia, que busca limitar la intervención del Estado en la persecución de delitos económicos. El ministro Mariano Cúneo Libarona ha expresado que la UIF y la Oficina Anticorrupción no deben actuar como órganos de persecución, sino colaborar con la Justicia en la lucha contra la corrupción y otros delitos.

La decisión ha generado controversia, con críticos que argumentan que debilita la capacidad del Estado para investigar y sancionar casos de corrupción. Por otro lado, el Gobierno sostiene que se busca evitar la politización de las investigaciones y garantizar la imparcialidad del sistema judicial.

Se espera que en los próximos días se definan los nuevos lineamientos de actuación para la UIF y la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de redefinir su rol en el sistema de justicia argentino.