Mientras persisten las rutas deterioradas, el Gobierno destinará USD 24 millones a tecnología para controlar a su propio personal.
Un fuerte revuelo político y sindical se desató en torno a Vialidad Nacional luego de conocerse que el organismo destinará 24 millones de dólares para implementar un sistema de vigilancia sobre sus propios trabajadores. La decisión generó críticas tanto por el elevado monto como por la prioridad asignada al gasto, en un contexto en el que muchas rutas del país se encuentran en mal estado y sin obras a la vista.
Según trascendió, la licitación contempla la adquisición de un software para monitorear movimientos, asistencia y productividad del personal vial, incluyendo cámaras y dispositivos de control en dependencias distribuidas en todo el país. Desde el Gobierno argumentaron que la medida busca mejorar la eficiencia y reducir ausentismos.
Sin embargo, la revelación del gasto millonario desató cuestionamientos inmediatos. Dirigentes sindicales advirtieron que la iniciativa apunta a “perseguir y disciplinar” a los empleados, mientras que diversos actores políticos denunciaron un “despropósito” en un contexto de escasez de recursos para obras viales.
Los gremios del sector ya anticiparon posibles medidas de fuerza y exigieron que los fondos se orienten a la reparación y mantenimiento de rutas, muchas de las cuales presentan baches, señalización deficiente y problemas estructurales que ponen en riesgo la seguridad vial. Además, alertaron que el nuevo sistema podría violar derechos laborales.
Por su parte, desde organismos de control advirtieron que seguirán de cerca el proceso licitatorio para garantizar transparencia y evitar eventuales sobreprecios o direccionamientos. En tanto, distintas fuerzas opositoras preparan pedidos de informes para que el Ejecutivo dé explicaciones en el Congreso.
Así, mientras los caminos del país continúan deteriorándose, el millonario gasto en tecnología para vigilar empleados de Vialidad Nacional suma un nuevo capítulo de controversia en la agenda pública, con el riesgo de profundizar tensiones entre el Gobierno y los trabajadores del sector.
