La medida se implementará en el marco de la marcha de apoyo a Cristina Kirchner y generó fuertes críticas por su legalidad y alcance.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, autorizó a la Policía Federal Argentina a realizar requisas sin orden judicial y a monitorear redes sociales en forma preventiva antes de la movilización prevista en apoyo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La disposición generó una ola de cuestionamientos por su posible inconstitucionalidad y por vulnerar derechos individuales.

La resolución permite a las fuerzas de seguridad requisar pertenencias de manifestantes en la vía pública sin necesidad de autorización de un juez, con el argumento de prevenir disturbios o la portación de elementos peligrosos. Además, incluye la posibilidad de rastrear y analizar publicaciones en redes sociales que pudieran anticipar acciones violentas.

Desde el Gobierno justificaron la medida en la necesidad de “preservar el orden público” ante una concentración masiva que, consideran, puede derivar en incidentes. Sin embargo, abogados constitucionalistas y organismos de derechos humanos advirtieron que la iniciativa representa una violación de garantías básicas como la privacidad y la libertad de expresión.

Varios referentes de la oposición calificaron la decisión como un avance autoritario, mientras que desde el oficialismo minimizaron las críticas y remarcaron que se trata de “acciones preventivas” que no implican persecución política.

La implementación de estas facultades será puesta a prueba durante la movilización convocada para este miércoles, cuando organizaciones sociales y militancia kirchnerista acompañen a Cristina Kirchner en su traslado a Comodoro Py. Se espera una fuerte presencia policial y un operativo de seguridad inédito desde el inicio de la gestión de Javier Milei.