Un informe reveló que los crímenes de odio contra personas LGBTIQ+ crecieron un 70% en el último año. Organizaciones apuntan a la inacción estatal y a discursos que alimentan la violencia.

Un nuevo informe sobre violencia hacia la comunidad LGBTIQ+ en Argentina encendió las alarmas: los ataques motivados por el odio a la orientación sexual o identidad de género aumentaron un 70% en los últimos doce meses. El relevamiento fue realizado por organizaciones de derechos humanos y diversidad sexual que monitorean este tipo de casos en todo el país.

El documento advierte sobre un escenario de violencia estructural y sistemática, en el que las personas LGBTIQ+ son blanco de agresiones físicas, amenazas, discursos discriminatorios y exclusión social. La mayoría de los ataques se concentraron en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque también se registraron casos graves en provincias del norte y del litoral.

Entre los principales factores señalados por las organizaciones se destacan el retroceso en políticas públicas de inclusión, la falta de respuestas judiciales y el crecimiento de discursos de odio, tanto en redes sociales como en declaraciones públicas de referentes políticos o mediáticos.

Desde el colectivo LGBTIQ+ exigen la implementación urgente de medidas de prevención, protección y reparación. También reclaman que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes vigentes, como la Ley de Identidad de Género y el Cupo Laboral Travesti Trans, cuya aplicación consideran «insuficiente o simbólica» en muchas jurisdicciones.

Especialistas en derechos humanos alertan que este tipo de crímenes no son hechos aislados, sino parte de un clima social que tolera o incluso justifica la discriminación. En ese sentido, llamaron a los tres poderes del Estado a pronunciarse de forma contundente contra toda forma de violencia basada en la orientación sexual o la identidad de género.

El informe también propone la creación de un sistema federal de estadísticas sobre crímenes de odio y la capacitación obligatoria en diversidad para funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y personal de salud y educación. La urgencia, remarcan, es frenar una escalada que pone en riesgo vidas y derechos fundamentales.