La Justicia ordenó el cese inmediato de actividades motorizadas en los médanos y cuestionó la inacción del municipio. La restricción regirá hasta que se garanticen controles, señalización y condiciones de seguridad.

La Justicia bonaerense ordenó la prohibición del uso de camionetas 4×4, cuatriciclos, motos y vehículos UTV en la zona de médanos conocida como La Frontera, en el límite norte de Pinamar. La medida fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores y establece el cese inmediato de pruebas de destreza, competencias y cualquier actividad recreativa motorizada hasta que el municipio garantice condiciones de seguridad y control.

El juez Félix Adrián Ferrán fundamentó la decisión en la reiteración de siniestros graves y mencionó, entre otros episodios, el caso de un niño de 8 años atropellado a comienzos de enero. En el fallo advirtió que se trata de riesgos “ciertos, conocidos, reiterados y evitables”, y cuestionó la falta de intervención municipal en un espacio que, si bien es de titularidad privada, tiene acceso público.

La cautelar fue impulsada por un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, quien celebró la resolución y consideró que pone fin a maniobras temerarias que se repetían cada temporada.

El municipio había sostenido que no podía actuar por tratarse de un predio privado, argumento que el magistrado calificó como una “omisión estatal grave”. Según la sentencia, los gobiernos locales tienen el deber de ejercer el poder de policía para prevenir actividades que comprometan la seguridad, más allá de aplicar multas.

Desde la intendencia, Juan Manuel Ibarguren cuestionó la decisión y defendió la responsabilidad individual de los conductores. Aseguró que la restricción perjudica a quienes usan la zona de manera recreativa y también impacta en la economía local, vinculada a eventos automotrices y comercios del área.

Mientras tanto, la prohibición seguirá vigente hasta que el municipio implemente señalización, delimitación y supervisión efectiva del sector, con estándares más estrictos de seguridad.