El Gobierno solicitó a la jueza Loretta Preska que revierta la orden de entregar conversaciones entre exfuncionarios en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera.
En el marco del juicio por la nacionalización de YPF, el Gobierno argentino pidió a la jueza estadounidense Loretta Preska que reconsidere la orden que exige la entrega de chats privados entre exfuncionarios nacionales. La solicitud apunta a proteger la confidencialidad de comunicaciones que, según argumenta la defensa, no son relevantes para el proceso judicial.
La medida judicial en cuestión obligaba a presentar conversaciones entre los exministros Luis Caputo y Sergio Massa, lo que generó preocupación en el Ejecutivo por la posible exposición de información sensible. Argentina sostiene que la solicitud excede los límites razonables de la producción de pruebas y podría violar la privacidad de los involucrados.
En la presentación ante el tribunal, los abogados del país remarcaron que los mensajes requeridos no guardan relación directa con la disputa legal por la expropiación de la empresa petrolera, llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, advirtieron que acceder al pedido podría sentar un precedente perjudicial para futuras causas internacionales.
La causa judicial se encuentra en una etapa clave, ya que la Argentina enfrenta una condena millonaria por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) cuando estatizó el 51% de las acciones de YPF en 2012. El fallo en primera instancia fue adverso para el país, y actualmente se debaten aspectos vinculados al monto y a la ejecución de la sentencia.
El Gobierno argentino busca acotar los daños económicos y reputacionales que podrían derivarse del caso. Mientras tanto, continúa desplegando una estrategia legal y diplomática para limitar el impacto de la decisión en la justicia estadounidense. La resolución de la jueza Preska sobre esta solicitud será clave en el curso de la causa.
