El Gobierno presentará un escrito ante la Justicia de Estados Unidos para mantener vigente la medida cautelar que impide la transferencia de títulos a fondos litigantes.

El Gobierno argentino presentará un nuevo escrito judicial en Estados Unidos con el objetivo de sostener la suspensión de la entrega de acciones de YPF. La medida forma parte de la estrategia legal para evitar que se concrete la transferencia de títulos a los fondos litigantes que obtuvieron fallos favorables en cortes internacionales.

El caso se enmarca en el conflicto por la expropiación de YPF en 2012, por la cual la Argentina fue condenada a pagar una millonaria indemnización. Los demandantes reclaman la ejecución de una sentencia que les otorgaría parte de las acciones de la empresa petrolera estatal, lo que el Gobierno considera un riesgo para los intereses estratégicos del país.

La administración nacional insiste en que la entrega de acciones afectaría el control estatal sobre la compañía, que actualmente cumple un rol clave en la política energética y el desarrollo de Vaca Muerta. Por eso, busca extender la medida cautelar vigente que frena cualquier intento de ejecución forzada por parte de los demandantes.

Desde el Ministerio de Justicia y la Procuración del Tesoro sostienen que el reclamo de los fondos no respeta los procedimientos del derecho internacional y constituye un nuevo intento de los llamados “fondos buitre” por avanzar sobre activos estratégicos de la Argentina. Además, aseguran que el país continúa dispuesto a negociar, pero dentro de los marcos legales establecidos.

El caso YPF es seguido de cerca por actores del mercado y la comunidad internacional, ya que podría sentar un precedente relevante en materia de soberanía sobre recursos naturales. A su vez, tiene impacto directo en la cotización de las acciones de la empresa y en la percepción del riesgo país.

Mientras tanto, el Gobierno apuesta a lograr una resolución judicial que le permita ganar tiempo y continuar defendiendo el control público de la petrolera. La causa sigue su curso en tribunales estadounidenses y se espera una definición clave en las próximas semanas.