La norma fue publicada en el Boletín Oficial, aunque su implementación quedó postergada por cuestiones presupuestarias.

El Gobierno nacional promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo anunció la suspensión de su aplicación inmediata. La medida fue comunicada tras la publicación de la norma en el Boletín Oficial y generó incertidumbre en las organizaciones que habían impulsado la iniciativa.

La ley contempla la ampliación de derechos y recursos destinados a personas con discapacidad, incluyendo beneficios en salud, transporte, educación y asistencia social. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que su puesta en marcha deberá esperar, dado que la actual situación fiscal no permite afrontar el gasto que implicaría su implementación plena.

Distintas asociaciones y colectivos expresaron su preocupación por la decisión, al advertir que la postergación limita el acceso a políticas urgentes para uno de los sectores más vulnerables de la población. Además, reclamaron al Gobierno que garantice instancias de diálogo y planificación conjunta para asegurar la efectividad de la norma.

En paralelo, funcionarios nacionales remarcaron que la promulgación de la ley constituye un paso importante y que se avanzará en su aplicación progresiva en la medida en que lo permitan las cuentas públicas. El debate sobre los plazos y mecanismos de financiamiento será clave en los próximos meses para definir el alcance real de la medida.