El ministro de Defensa justificó la medida como parte de una estrategia para combatir el narcotráfico y reforzar la seguridad en zonas vulnerables, pese a las críticas de organismos de derechos humanos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió este martes el polémico decreto que permite a las Fuerzas Armadas realizar detenciones de civiles en la frontera norte del país. La disposición se enmarca en un nuevo esquema de seguridad impulsado por el Gobierno nacional para enfrentar el narcotráfico y otras formas de crimen organizado en regiones consideradas de alta conflictividad.

Según explicó el funcionario, la decisión responde a la necesidad de “proteger la soberanía nacional” y actuar con mayor eficacia ante delitos transnacionales que, según dijo, superan la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad tradicionales. Petri aclaró que la medida está sujeta a protocolos específicos y que las detenciones se realizarán “en flagrancia”, es decir, cuando se esté cometiendo un delito.

El decreto generó una fuerte polémica entre sectores de la oposición y organismos de derechos humanos, que alertaron sobre los riesgos de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. La Constitución Nacional prohíbe expresamente el uso del Ejército para la represión interna, salvo en estados de excepción, lo que para muchos convierte al decreto en un avance sobre límites institucionales.

Desde el Gobierno aseguran que la normativa no viola el marco legal vigente y remarcan que los militares actuarán en coordinación con las fuerzas federales y bajo supervisión judicial. “No se trata de militarizar la frontera, sino de reforzar el control en zonas donde el narcotráfico se ha instalado con fuerza”, argumentó Petri en declaraciones públicas.

El decreto alcanza a las provincias del norte argentino, en particular Jujuy, Salta, Formosa y Misiones, y forma parte del Plan de Fronteras Seguras relanzado este año. El debate promete escalar en los próximos días tanto en el Congreso como en el ámbito judicial, donde se espera que se presenten recursos para cuestionar la constitucionalidad de la medida.