El oficialismo consideró concluida la investigación en torno a los fallos del 2×1 a favor de represores, el beneficio en la coparticipación para CABA y la reforma del Consejo de la Magistratura.

El oficialismo avanzará el martes de la semana que viene con la acusación por mal desempeño contra los jueces de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político de la Corte Suprema y, tras casi diez meses, el proceso se acerca a su fin. Realiarán un informe con la formulación de cargos contra los integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por las causales de los fallos del 2×1 en favor de represores, del Consejo de la Magistratura y de Coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.

Lo anunció la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), a pedido de su colega Rodolfo Tailhade, tras lo cual el oficialismo lo puso a votación y el FdT impuso su mayoría para avanzar en la elaboración de esos cargos por las causales que el cuerpo parlamentario investiga desde el pasado 26 de enero. Gaillard sostuvo que la intención de la comisión es «ir concluyendo cada una de las investigaciones y si ya están todas las constancias probatorias darles la posibilidad a los jueces, según lo establece el artículo 13 del reglamento interno, de que puedan presentar el oportuno descargo».

Gaillard precisó que se resolvió postergar, a pedido de la Coalición Cívica, para el próximo martes 10 de octubre, la ampliación de la investigación en torno al rol de Lorenzetti -quien ya había sido denunciado por la exdiputada Elisa Carrió- y que contará la próxima semana con la presencia de testigos.

«Agotada la investigación propongo que se formulen cargos y se corra traslado a jueces y que, si ellos quieren hacer descargo, lo puedan hacer», tomó la iniciativa el diputado Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos. «Esperemos que no pase lo del bochorno de Maqueda, que no hizo ningún comentario», tras las acusaciones que se le formularon por los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.