Con el impulso de los resultados legislativos, el Gobierno libertario prepara dos proyectos que apuntan a formalizar la pérdida de ingresos ya visible: flexibilización del trabajo, fin de las moratorias y un nuevo esquema jubilatorio regresivo.

Tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza, el presidente Javier Milei planea avanzar con fuerza en el Congreso en dos reformas clave: la laboral y la previsional. Ambas apuntan a consolidar un esquema de ajuste sobre salarios, jubilaciones y programas sociales, en un contexto de caída del poder adquisitivo y creciente precarización del empleo.

El oficialismo considera que el respaldo electoral le otorga margen para institucionalizar un modelo que ya opera de hecho: paritarias a la baja, pérdida real de ingresos, aumento del desempleo y un ajuste fiscal que golpea con fuerza a trabajadores estatales, jubilados y beneficiarios de planes sociales.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno incluye medidas que flexibilizan las condiciones de trabajo: revisión de los convenios colectivos, digitalización de contrataciones, posibilidad de pactar sueldos en dólares o en cualquier otra moneda, ampliación del período de prueba y creación de un “fondo de cese” que reemplazaría las indemnizaciones tradicionales. Este sistema sería administrado por aseguradoras reguladas por la Superintendencia que encabeza Guillermo Plate, con la posibilidad de invertir los aportes, un esquema que remite a la experiencia fallida de las AFJP.

En materia previsional, la administración libertaria prevé una homogeneización de más de 100 regímenes especiales, eliminando las condiciones diferenciales por actividad. La nueva estructura se basaría en dos pilares: un haber proporcional a los aportes efectivamente realizados y un ingreso asistencial universal equivalente a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% de la mínima.

Desde la eliminación de la moratoria previsional en marzo, la PUAM se convirtió en la única opción para quienes no reúnen los 30 años de aportes, dejando fuera a millones de trabajadores informales, monotributistas y cuentapropistas.

Mientras tanto, la fórmula jubilatoria actual, con ajuste mensual y bonos congelados, profundiza las desigualdades: la jubilación mínima —percibida por más del 60% de los beneficiarios— está 5,5% por debajo de su nivel de noviembre de 2023, y se prevé un nuevo retroceso real ante el repunte inflacionario.

Con el apoyo del FMI, Estados Unidos y un Congreso más favorable, Milei busca convertir en ley la crisis de ingresos que su propio programa económico profundizó. Las próximas semanas definirán si logra el consenso necesario o si las reformas desatan una nueva ola de resistencia social.