Tras la operación que dejó oficialmente 64 muertos, habitantes de las favelas de Penha y Alemão trasladaron decenas de cuerpos a una plaza para identificarlos. Activistas y legisladores denuncian que las víctimas no fueron incluidas en el conteo oficial. El gobierno de Lula convocó a una reunión de urgencia y la ONU expresó su “horror” por la masacre.
La ciudad volvió a estremecerse tras el sangriento operativo policial que dejó oficialmente 64 muertos en las favelas de Penha y Alemão. Vecinos denunciaron que al menos 50 cuerpos adicionales, en su mayoría hombres, fueron hallados en los morros y trasladados por sus propias familias a una plaza para ser identificados.
Las imágenes que circularon durante la madrugada mostraron una escena devastadora: decenas de cadáveres tendidos sobre el suelo, cubiertos con telas, mientras mujeres buscaban entre ellos a sus hijos, hermanos o compañeros. “Fue una escena digna de una historia de terror”, declaró el activista Raull Santiago al diario Folha de S. Paulo, al denunciar que esos cuerpos no figuran en el listado oficial de fallecidos.
La operación “Contención”, realizada con 2.500 efectivos para frenar la expansión del Comando Vermelho, se convirtió en la más mortífera de la historia de Río. Según testigos, los cuerpos fueron retirados de las zonas de tiroteo por los propios habitantes, sin asistencia de las fuerzas de seguridad.
La diputada Renata Souza difundió una foto del horror: “¡Sanguinario! Esta imagen fue tomada a las tres de la madrugada en el complejo de Alemão. Ya son más de 70 cuerpos y el conteo solo aumenta”, escribió en su cuenta de X. En otro mensaje, la legisladora denunció: “Esto no es política de seguridad pública, es un proyecto de barbarie que extermina a los habitantes de las favelas. Es vergonzoso que se utilice la necropolítica como plataforma electoral”.
Souza también apuntó directamente contra el gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro: “Tras la masacre más mortífera de la historia, ¿acaso Río amaneció más segura, Castro?”.
Frente al escándalo internacional, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de urgencia en el Palacio de Planalto, en Brasilia, para analizar los hechos y el accionar policial. Participan ministros y autoridades de seguridad, mientras se espera que una comitiva federal viaje a Río para reunirse con Castro, quien se distanció del Ejecutivo y aseguró que “Río estaba solo durante el operativo”.
En medio de la conmoción, se confirmaron las detenciones de Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão do Quitungo, uno de los jefes regionales del Comando Vermelho, y de Nicolás Fernandes Soares, operador financiero del capo Edgar Alves de Andrade.
La ONU, a través de la Oficina para los Derechos Humanos, expresó su “horror” ante la magnitud de la violencia. “Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional y urgimos una investigación pronta y efectiva”, señaló el organismo dirigido por Volker Türk. La entidad advirtió que esta masacre “sigue una tendencia de operaciones policiales violentas contra comunidades marginales de Brasil”.
