El gobierno carioca lanzó una megaoperación con 2.500 agentes para frenar la expansión del Comando Vermelho. Hubo al menos 64 muertos —entre ellos cuatro policías—, 81 detenidos y más de 40 fusiles incautados. Es el operativo más grande en la historia de la ciudad.

RÍO DE JANEIRO — La ciudad brasileña fue escenario de una de las operaciones policiales más sangrientas de su historia, que dejó al menos 64 muertos y más de 80 detenidos. El gobierno de Río informó que el objetivo era “combatir la expansión territorial del Comando Vermelho”, considerada la mayor organización criminal de la región.

El operativo comenzó durante la madrugada del lunes y movilizó a 2.500 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, apoyados por 32 vehículos blindados, dos helicópteros y drones. Los enfrentamientos se concentraron en los complejos de Alemão y Penha, en el norte de la ciudad, zonas dominadas históricamente por el narcotráfico.

De acuerdo con las autoridades, entre los fallecidos hay cuatro policías, mientras que el resto de las víctimas serían miembros de bandas criminales o civiles alcanzados por los tiroteos. “Es la mayor operación en la historia de Río de Janeiro”, declaró un portavoz del gobierno estatal.

El gobernador Claudio Castro, aliado del expresidente Jair Bolsonaro, confirmó que las fuerzas de seguridad decomisaron una gran cantidad de droga y 42 fusiles de asalto, aunque evitó precisar más detalles. “Se trata de una acción necesaria para devolver la paz a los barrios controlados por el crimen organizado”, aseguró.

En el terreno, un fotógrafo de la agencia AFP registró imágenes de decenas de hombres descalzos y sin remera siendo detenidos por policías armados, en escenas que recordaron los años más duros de la violencia urbana en Río.

Mientras tanto, en la zona de Vila Cruzeiro, los vecinos denunciaron intensos tiroteos y helicópteros sobrevolando las favelas durante toda la noche. Las autoridades locales pidieron a la población que no salga de sus casas y mantenga precauciones hasta nuevo aviso.

La acción, presentada como un “golpe contra el narcotráfico”, reavivó el debate sobre la militarización de la seguridad en Brasil y los abusos policiales en las comunidades más pobres, donde los operativos suelen dejar un alto número de víctimas civiles.